Contar con servicios públicos de
calidad, aquellos en el que los usuarios (nosotros) estemos satisfechos por el
servicio, y en que se cobren precios justos por él; es el ideal, pero la
experiencia nos enseña que no es así. Los servicios públicos que se encuentran
en manos de privados, por lo general es un monopolio (Electricidad, gas
natural, telecomunicaciones y agua potable). Y como todo monopolio, se hace
necesario realizar un control, ya que en el mercado existen situaciones que no
permiten su correcto funcionamiento, el Estado interviene, a través de la
regulación de monopolios. En este tipo de negocios, el mercado tiende al
monopolio y a la concentración de ganancias, necesitando que un agente externo
intervenga para regular el mercado, tratando de promover una intervención del
Estado en la economía con la intención de favorecer al consumidor y promover la
competencia, este agente interventor es denominado como Organismo Regulador. El
Estado debe garantizar las libertades fundamentales que impidan los abusos de
estas empresas sobre el consumidor.
Estos organismos reguladores no
existían a inicios de los 90, con la concesión de los servicios en el gobierno
de Fujimori, se hizo necesario su creación e implementación: Así, INDECOPI, OSIPTEL, OSINERG, SUNASS y OSITRAN
fueron creados durante el período de auge del proceso privatizador. Como
consecuencia de la referida reorientación del papel del Estado en la economía
se crearon organismos reguladores de los servicios públicos
(telecomunicaciones, electricidad, saneamiento) y de las concesiones de obras
públicas de infraestructura de transporte (puertos, aeropuertos, carreteras,
vías ferroviarias) claramente inspirados en los modelos de los países
anglosajones, con el objeto de garantizar un tratamiento técnico de la
regulación y supervisión de las actividades económicas calificadas como
servicios públicos, o que se desarrollan en condiciones de monopolio natural o
poco competitivas y las que requieren para su desarrollo la utilización de
redes e infraestructuras.
Caso contrario fue el OSIPTEL que
fue constituido antes del proceso de transferencia de propiedad de empresas
estatales al sector privado y/u otorgamiento de concesiones a empresas
privadas, en este caso, antes de la privatización de las acciones de las
empresas públicas de telefonía. OSIPTEL es el Organismo Supervisor de Inversión
Privada en Telecomunicaciones, una entidad pública descentralizada encargada de
regular y supervisar el mercado de servicios públicos de telecomunicaciones,
independiente de las empresas operadoras. El OSIPTEL está adscrito a la
Presidencia del Consejo de Ministros. Fue creado el 11 de julio de 1991
mediante Decreto Legislativo Nº 702, e inició sus actividades con la
instalación de su primer Consejo Directivo el 26 de enero de 1994. Entre sus
funciones esta la de normar, regular, supervisar, fiscalizar y sancionar,
asegurando el acceso de estos servicios a más personas, a través de la
promoción de la inversión privada y dentro de un marco de libre y leal
competencia[1].
En su fin regulador, OSIPTEL puede establecer tope a los precios de los
servicios, aunque en realidad, actualmente estas tarifas son establecidas
libremente por cada empresa operadora, de acuerdo con las condiciones de oferta
y demanda en el mercado.
Si este ente regulador
hace cumple con sus funciones de proteger a los usuarios, basta informarnos que
OSIPTEL, ordenó a las empresas
operadoras a que devuelvan un total de S/.13.5 millones a sus usuarios, luego
que se comprobase que éstos fueron afectados por interrupciones en los
servicios de telefonía fija, móvil e Internet; así como también por haber
realizado cobros indebidos, entre otros problemas, como los relacionados a la
calidad de los servicios contratados o de facturación. Se indemnizo
un total de 7,1 millones de usuarios de diferentes zonas del país, en tanto que
el mayor volumen de reintegros a los usuarios se concentra en el año 2013, es
decir, S/.7.06 millones (52% del total acumulado en los tres años analizados).
En lo que se refiere a interrupciones del servicio de telefonía móvil e
internet, la empresa que hizo las mayores devoluciones fue Telefónica Móviles
(Movistar), con S/.4.4 millones retornados a favor de sus usuarios, le sigue
América Móvil (Claro) con S/ 1.2 millones, y Americatel Perú con S/ 183
mil. Las devoluciones procedieron una vez que el ente regulador confirmó
que la interrupción de los servicios fue responsabilidad de la empresa y no
debido a causas externas justificadas. En el caso de los cobros indebidos o
problemas de calidad o facturación, las devoluciones se ejecutan siempre que el
organismo regulador haya comprobado la plena responsabilidad de la empresa[2].
Visto esta
información, cabría preguntarnos: ¿De no existir OSIPTEL, se habría devuelto
estos importes a los usuarios?. Sin duda que no, la presencia de un ente
regulador de servicios siempre es importante y es parte de la responsabilidad
del Estado para con sus ciudadanos. Sin embargo creemos, que aún hay mucho por
hacer.
BIBLIOGRAFIA
CISNEROS, J. D. (s.f.). Indecopi y los organismos
reguladores. Lima: Congreso de la repunlica.
Ordóñez, J. D. (2010). LOS ORGANISMOS REGULADORES DE
LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN ELPERÚ: Su régimen jurídico,organización, funciones
de resolución de controversias y de reclamos de usuarios. Revista Peruana de
Derecho de la Empresa.
OSIPTEL.
(s.f.). Recuperado el 12 de 06 de 2014, de El regulador de Telecomunicaciones:
http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/
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